5ª Sesión: El oficialismo se negó a tratar el Protocolo de Violencia de Género

En el marco del 25 de Noviembre -Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres-, y a pesar de la vigencia, desde el año 2009, de la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos, el Estado sigue sin crear y ejecutar políticas públicas destinadas a alcanzar tal fin.

En la misma línea que el estado nacional, el gobierno municipal de La Matanza, en su quinta sesión ordinaria del año, reafirmó su falta de compromiso con esta problemática que afecta a miles de mujeres al negarse a tratar el proyecto de ordenanza que postulaba la implementación de un protocolo a nivel local para que en las unidades sanitarias de atención primaria, centros de salud y hospitales públicos se implementara una encuesta obligatoria en la que los profesionales de salud debían dejar constancia de las víctimas de violencia de género que asistieran a cualquier entidad de salud pública. El proyecto de ordenanza estaba previsto para su tratamiento y fue retirado de forma imprevista por la presidente del Concejo Deliberante, Verónica Magario.

"Lamentamos esta actitud del oficialismo local que redunda en mayor desprotección a las mujeres víctimas de violencia en nuestro distrito. Desde nuestro bloque, evaluamos este proyecto como un paso más que aportaría a contar con datos estadísticos concretos de este flagelo a nivel local. Una herramienta fundamental para poder elaborar políticas públicas tendientes a la prevención. Asimismo, que retiren esta ordenanza ratifica que esta gestión no tiene en cuenta el trabajo que lleva adelante no sólo la mesa local, sino los diferentes sectores que venimos bregando para que se cree la Secretaría de Género municipal", expresó la concejal Sandra Oviedo, Bloque Libres del Sur-FAP.

En nuestro país cada 35 horas hay un femicidio, sin embargo para el año que viene se prevé reducir un 33% el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, el insuficiente presupuesto otorgado a este organismo, encargado de la aplicación de la ley 26.485, evidencia la falta de prioridad política asignada por el Gobierno Nacional a combatir la violencia hacia las mujeres.